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Explican que "los contratos deberían estar ajustados durante noviembre a la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial (Gaceta Oficial No. 40.418 de 23 de mayo de 2014), sin embargo, eso no es posible por un retraso del Gobierno en proveer un método de avalúo de los inmuebles (artículo 31 de la ley)".
"La ley estableció un período de seis meses para que todos los inquilinos y arrendadores se adaptaran a sus disposiciones, pero para hacerlo, es necesario que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos publique una metodología de avalúo del inmueble, como lo dice el artículo 31 de la ley, lo que permitiría fijar el nuevo canon; hasta la fecha eso no se ha dado. En este sentido, muchos de los contratos no han podido adaptarse", explicó Aquiles Martini Pietri, presidente de la CIV en una nota de prensa.
Matini afirmó que algunos comerciantes y propietarios han podido renovar sus contratos de alquiler basándose en la voluntad de las partes, en el Código Civil y en la Constitución, sin embargo, muchos otros no lo han hecho por la incertidumbre que significa la falta de este método de avalúo y el temor a posibles sanciones.
"Mal puede el Gobierno fiscalizar el cumplimiento de una la ley si el mismo no cumple sus obligaciones. La Ley de Arrendamientos para el Uso Comercial se originó a través del diálogo entre el Ministerio de Vivienda, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y otros factores interesados, y ahora debemos reforzar esa forma dialogante de proceder y no caer en incumplimientos que lleven a la arbitrariedad y la anarquía", declaró Martini Pietri.
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ÚN.- En Gaceta Oficial N° 40.418 con fecha de 23 de mayo de 2014, se oficializa la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, la cual fue promulgada por el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves, vía Ley Habilitante.
Esta porción fija "en ningún caso será superior a 50% de lo que correspondería a un canon de arredamiento fijo", establece la norma.
El Decreto-Ley también establece los procedimientos y normas para elaborar los contratos de arrendamientos y deja al Superintendencia Nacional de Defensa de Derechos Socio Económicos (Sundde) dirimir en caso de "dudas o controversias" entre las partes.
La norma, además, prohíbe expresamente cobrar cánones de arrendamientos que no sean calculados según los métodos establecidos por esta norma.
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Milagros Fernández
Asesor de Inversión e Inmobiliario
@mfdineros
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